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El análisis con Lourdes Pérez, José Enrique Monrosi e Ignacio Urquizu. El CNI dio "varios avisos" a Interior alertando de que se podría producir una entrada masiva en Ceuta. Fuentes relacionadas con la seguridad del Estado contradicen al ministro Fernando Grande-Marlaska que aseguró que no habían sido informados. Las mismas fuentes señalan como punto de inflexión la sentencia del Supremo del 8 de julio en la que se determinaba que no era legal hacer devoluciones en caliente a los migrantes que llegaban. Consideran que tuvo un "efecto llamada".

La crisis fronteriza de Ceuta deja una ciudad en shock y graves incógnitas sin respuesta sobre el control migratorio de Marruecos, cuyo Gobierno justifica la entrada masiva atribuyéndola a bulos en redes y mafias. Sin embargo, Rabat evita aclarar por qué no impidió el colapso a pesar de reivindicarse como socio fiable, alimentando las dudas sobre la seguridad en la valla. Ante esta falta de explicaciones, la oposición no ha tardado en reaccionar con dureza a ambos lados de la frontera. En clave nacional, la derecha española en bloque ha utilizado políticamente este asalto masivo como su principal argumento de presión en el debate público. De este modo, el colapso del Tarajal se convierte en el arma perfecta para cargar con fuerza contra la política migratoria y la posición internacional del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lourdes Pérez señala que la gravedad de los hechos apunta a la responsabilidad directa de Marruecos ante el centenar de muertes ocurridas. La analista subraya la preocupante sensación de indiferencia institucional del país ante la pérdida de vidas humanas.

Cuatro días después de los intentos masivos de entrada a nado, Ceuta ha pasado su primera noche blindada por una nueva barrera neumática flotante en el espigón, mientras 3.000 agentes de seguridad patrullan el centro para devolver la normalidad a una ciudad que ya reabre sus comercios. En el plano político, el portavoz de Interior marroquí ha atribuido las entradas a factores espontáneos como bulos, redes de trata o la mala interpretación de sentencias judiciales, reivindicando a Rabat como un socio fiable. Sin embargo, la realidad a pie de valla muestra que, pese al regreso de 48.000 personas a Marruecos, las repatriaciones son cada vez menos voluntarias debido a la resistencia de muchos migrantes. Estos se agolpan en los alrededores del CETI esperando una plaza para pedir asilo, alegando que huyen del hambre y de la guerra en sus países de origen.

Marruecos ha roto tres días de silencio justificando que sus fronteras se vieron desbordadas e iniciando investigaciones judiciales tras cifrar en 40.000 las entradas a Ceuta (frente a las 50.000 que calcula España), una versión oficial que Madrid recibe con cautela mientras exige a Rabat una implicación total permanente. Mientras tanto, el impacto internacional de lo sucedido en la frontera norteafricana ha provocado una inmediata cascada de reacciones en la Unión Europea, donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha liderado la respuesta suspendiendo el acuerdo Schengen con España de manera fulminante. Finalmente, un bloque de 22 países europeos ha arropado la decisión de Roma, criticando con dureza la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y exigiendo una reunión de urgencia para blindar de forma conjunta las fronteras exteriores de la Unión.