NOTICIAS DE AMÉRICA

Cuando hablamos de manifestaciones de calle, generalmente se trata de la oposición que protesta contra el gobierno. Pero este domingo, en Brasil, las organizaciones de ultra-derecha han llamado a manifestar en apoyo al presidente Jair Bolsonaro. Son los sectores que piden la disolución del Congreso y de la Corte Suprema. Son también los militares retirados más conservadores. Los simpatizantes del presidente brasileños Jair Bolsonaro se han dado cita este domingo en las calles de Brasil para manifestar su apoyo al mandatario. ¿Pero cuál es exactamente el objetivo de esta marcha? “La marcha del domingo lo que busca es presionar al Congreso para que apruebe las cosas que está impulsando el gobierno de Bolsonaro. La de más peso es la reducción del número de 29 ministerios (bajo la administración Temer) a 22”, señala el analista internacional Gustavo Segré, socio de Center Group”. “Bolsonaro hizo eso a través de una medida provisoria que tiene una duración de 90 días. Si el Congreso no ratifica la medida, se vuelve a los 29 ministerios y eso supone un aumento del gasto público. Y sobre todo, se espera la aprobación de la reforma de la "previdencia", la jubilación, porque si se aprueba esta reforma, la economía de Brasil crecería mucho más”, añade Segré. Sin embargo, la formación del presidente Bolsonaro, el Partido Social Liberal, asegura que no se trata de una arremetida o un ataque contra el Congreso, en el que son franca minoría. “Lo que queremos es iniciar una discusión de buena fe, dialogar”. Así lo expresa el diputado del PSL, Carlos Jordy, quien estará presente en la manifestación del domingo: “Para demostrar el apoyo al presidente, para demostrar que la población está del lado del presidente. Que no renuncia, que exige resoluciones al Congreso para que no bloquee decisiones importantes para Brasil. No es una manifestación contra los parlamentarios”, afirma. Sin embargo, no todos los sectores que apoyaron a Bolsonaro en campaña, responderán al llamado a la manifestación del domingo. Los partidos Movimento Brasil Livre (MBL) y Novo no asistirán. La pregunta es por qué existe esa división. "Los sectores que lo apoyan están divididos porque no hay claramente un plan de gobierno. Bolsonaro está más preocupado por el armamento son fusiles o sin fusiles, hace una cosa, vuelve atrás, se pelea con uno o con otro. No está haciendo un gobierno de coalición. Hay una diputada de su partido que es casi vice-presidenta, Janaina Paschoal, que está diciendo ‘en cualquier momento me voy’ Bolsonaro pasa más tiempo peleando o en redes sociales... que gobernando", apunta el analista Gustavo Segré. La manifestación pro-Bolsonaro, además de dividir a la clase política, no ha generado una gran motivación en la gente. Bolsonaro podría verse debilitado en cuanto a apoyo popular. ¿“Por qué alguien que tuvo 58 millones de votos hace cinco o seis meses atrás va a probar su popularidad?”, se pregunta Paulo Pereira da Silva, diputado del partido brasileño Solidariedade. “Si el domingo hay millones de personas en las calles, serían millones de personas contra el Congreso y se abriría la puerta hacia un camino espinoso: cerrar el Congreso, pero eso es algo que Brasil nunca va a aceptar. Pero si, por el contrario, hay poca gente en la calle, Bolsonaro se va a debilitar más todavía”, opina. La manifestación de este domingo, sin duda, se medirá con la primera protesta contra el gobierno de Bolsonaro, registrada hace solo una semana, por los recortes en gastos de educación. Escuelas y universidades se paralizaron, mientras el mandatario no dudó en calificar a los manifestantes de idiotas. Por Andreina Flores con entrevistas de Raquel Miura, corresponsal de RFI en Brasilia.

La crisis social que vive Nicaragua parece llegar a su punto más álgido. Mientras la OEA le exige a Nicaragua la liberación de todos los presos políticos, los excarcelados acusan a Ortega de utilizarlos pues su condición de reos no ha cambiado y ellos siguen con orden de arresto domiciliario.  Tras una sesión extraordinaria, la OEA le exige al gobierno de Daniel Ortega que excarcele a todos los presos políticos del país antes del 18 de junio, un plazo que había sido acordado previamente con la oposición pero que Ortega no ha cumplido Este lunes, la Alianza Cívica, la oposición del país, se levantó de la mesa de diálogo  al considerar que no había ninguna intención de cambio de la parte de Ortega. Ante la presión ejercida, al gobierno no le quedó más remedio que excarcelar a 100 de los 232 presos políticos detenidos en las manifestaciones. Excarcelados denuncian estrategia de Ortega Sin embargo, esta excarcelación no ha sido percibida como una muestra de buena voluntad de parte del oficialismo. Para Marwin Oporta, uno de los cien presos excarcelados, acusado de terrorismo y conspiración, su excarcelación es una burla y una estrategia para calmar los ánimos, después de que uno de los presos políticos, Eddy Montes, fue asesinado a disparos la semana pasada. Para Oporta, Daniel Ortega juega con la voluntad de diálogo pues hace creer que los presos han sido liberados cuando lo único que ha cambiado es el lugar de encierro. Como explica Paulo Abrao, director ejecutivo de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, las cien personas que han sido excarceladas por el gobierno de Nicaragua no se encuentran en libertad sino bajo arresto domiciliario Las violaciones a los derechos humanos continúan En diciembre pasado, la CIDH fue expulsada de Nicaragua acusada de crear información falsa para desestabilizar al gobierno de Ortega. Paulo Abrao nos explica que desde entonces, los casos de violación de derechos humanos persisten aunque se trata de crímenes no letales y se ejercen bajo diferente forma. Los testimonios recogidos por RFI dan cuenta que el hostigamiento hacia los opositores de Daniel Ortega sigue siendo moneda corriente. Yohana Espinoza, acusada también de terrorismo y crimen organizado, y liberada en marzo pasado, después de ocho meses de prisión, afirma que su familia vive hostigada por la policía nicaragüense. Yohana cuenta que el viernes pasado agentes policiales irrumpieron en su casa y se llevaron detenida a su hija, acusada de haber realizado pintas contra el gobierno de Ortega. Esta no era la primera vez que la detenían, en julio de 2018 fue detenida durante seis días por participar en una manifestación.    Desde abril de 2018 se cuentan 325 muertos, centenares de detenidos y 62 mil exiliados según organismos de derechos humanos. En la sesión extraordinaria de la OEA también se discutió el regreso de la CIDH a Nicaragua, un pedido que su secretario Paulo Abrao ve con buenos ojos pero lejos de la realidad inmediata. Abrao insiste en que por ahora lo único que se puede hacer es incrementar la presión y sanciones internacionales hasta que el gobierno de Ortega entre en razón.  

Trece imputados entre los que se encuentra una expresidenta y un exministro, 160 testigos. Este martes se inicia en Buenos Aires el primer juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner, ahora precandidata a la vicepresidencia junto a su exjefe de Gabinete Alberto Fernández. La causa, conocida como Vialidad, juzgará a la exmandataria por presuntos hechos de corrupción. El juicio, que ha levantado mucha expectación por la implicación de un ex gobernante, no será la excepción en un país que se ha acostumbrado a esta norma de judicialización. “Todos los presidentes que han salido del Ejecutivo en Argentina, incluido Raúl Alfonsín, tuvieron los juicios que enfrentaron después de haber salido. El juicio de Carlos Menem en terminó con condena y fue después excarcelado y quedó probatoria. El último juicio contra Fernando de la Rúa se terminó hace tan sólo unos meses. Así que la judicialización de expresidentes son la norma no la excepción”, recuerda Ernesto Calvo, politólogo por la universidad de Maryland “Es un juicio importante no solamente porque es un ex mandatario sino también porque es la candidata a vicepresidente del partido que se espera gane las elecciones”, agrega. “El realidad Cristina Fernández ha estado judicializada casi desde que terminó su administración, con lo cual creo que en este momento hay poco que cambie las intenciones de voto. Desde el punto de vista electoral no hay mucha diferencia”, opina el politólogo. Ernesto Calvo va mucho más allá con la lectura de este juicio, estima que la causa Vialidad será clave en el devenir de la justicia argentina, donde asegura existe un gran fraccionalismo desde hace años. “El juicio es problemático, porque en realidad cualquier decisión judicial que se tome va a ser muy controversial: el árbol del cual han recabado la información está envenenado, con lo cual muchas de las cosas que están siendo llevadas a juicio son complicadas judicialmente de sostener. La percepción en Argentina es que va a ser un juicio que va a ser político, no importa si hay definición o no de prisión cuando termine el juicio. Este juicio no va a exonerar a Cristina y tampoco la va a encontrar culpable porque el grado de politización de la Justicia hace que haya muy pocas personas que consideren que este juicio es realizado de forma independiente. Eso va más allá de cómo se realiza el juicio”, concluye. En todo caso y pase lo que pase en la deliberación final, la presencia en este juicio de Cristina Fernández, de 66 años, vuelve a dividir la opinión en la sociedad argentina. “Sus fueros como senadora impiden que Kirchner vaya presa, aunque puede ser enjuiciada. Existe en su contra cinco pedidos de detención preventiva”, recuerda el politólogo de la universidad de Buenos Aires y en la Universidad Di Tella, Nicolás Cereijo. “La verdad es que es un juicio que encuentra dividida a la población. Hay un sector de la población que reclamaba hace tiempo el juicio a la ex presidenta y otro sector de la población que lo considera más bien que tiene un tinte de persecución política”, apunta. Cabe recordar que Cristina Kirchner puede eximirse de declarar ya que es actual senadora. “Está la cuestión de los fueros. La cuestión acá es que en anteriores casos donde una figura pública fue denunciada o presuntamente inculpada con algo, la media que tomó fue renunciar a sus fueros para que pueda ser efectivamente investigada. En tal caso es famoso el de Eduardo Angeloz, candidato a presidente, que en su época de diputado había sido presuntamente investigado por temas de corrupción; él renunció a sus fueros y nunca fue a juicio. Se supone que esta idea de renunciar a los fueros es decir ‘investíguenme, no tengo nada que ocultar’ y Cristina nunca quiso renunciar a sus fueros. Eso es un tema que los sectores antikirchneristas lo ven como que es en el fondo no quiere renunciar por temor a ser juzgada”. Sus fueros como senadora impiden que Kirchner vaya presa, aunque puede ser enjuiciada. Existe en su contra cinco pedidos de detención preventiva.

Para lograr el reconocimiento de la diversidad sexual en la región, gobiernos, ONG y militantes llevan a cabo distintas campañas y políticas de inclusión. Mientas Amnistía Internacional impulsa herramientas que trabajan con el lenguaje en distintos países latinoamericanos, Argentina marca el rumbo facilitando el reconocimiento del cambio de identidad de género. En Chile, la ONG Amnistía Internacional junto con varias asociaciones de defensa de los derechos LGBTI han lanzado una campaña que parte del país sudamericano para llevarla a otros. Se trata de la publicación de un manual de formación de activistas por los derechos humanos y la diversidad sexual: “Movilizando a la diversidad”. Es una herramienta para prevenir las violencias contra las minorías sexuales. El proyecto se llama Diversxs, con la “x” que permite integrar en el vocabulario a todos los géneros. “Una de las cosas claves, que es importantísima para nosotres (SIC), es precisamente visibilizar aquellas identidades que han estado históricamente invisibilizadas, aquellas personas que no se sienten ni hombre ni mujer, aquellas personas que son de género subido”, afirma Lorna González, coordinadora de Diversxs, Chile de Amnistía Internacional. “Por lo tanto yo no las puedo en nombrar con el pronombre él o ella, por eso utilizamos el pronombre ‘elle”. Una de las cosas muy interesantes y que para nosotros es bandera de lucha dentro de Amnistía Internacional es que por primera vez vamos a poder lanzar un manual donde efectivamente visibilizamos estas identidades que transitan en el género, de género fluido. Por ello utilizamos la X que se pronuncia como la ‘e’, en nosotres, otres…”, añade. El manual circula en toda América Latina. El proyecto Diversxs se lleva a cabo en Chile, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela, enfocándose en los jóvenes de 13 a 25 años. Argentina, un modelo regional En Argentina, el 9 de mayo se celebró el séptimo año de la ley de identidad de género que no implica, como en otros países, la patologización ni la obligación de cambio de sexo, un modelo para muchos porque no hace necesaria la consulta con psiquiatra. “Es muy muy fácil”, explica Kouka García de Messereur, presidenta asociación Pari-T. “La persona se presenta al registro civil, dice yo me quiero cambiar mi nombre de pila y se le cambia directamente. Demora más o menos 15, 20 días, pero luego tiene su partida de nacimiento toda detallada como mujer. Hablamos siempre mujeres transn pero también están los hombres trans”, indica. También hay un reconocimiento a nivel académico. Si “hicieron estudios, se le cambia [el género] en los diplomas, no hay ningún problema”, agrega. Mientras tanto, en Francia, las agresiones homófobas han aumentado en un 15%, y particularmente hacia las personas transexuales, según un informe publicado por la asociación SOS Homofobia. Para Ariana Mc Guire, militante nicaragüense por los derechos LGBTI, se ejerce violencia hacia lo que se considera como un cuerpo diferente. “Me parece que los cuerpos feminizados han sido excluidos de un sistema patriarcal, del sistema machista que impone una heteronorma, una forma específica de ser en binario: hombre o mujer, y que estos cuerpos, estas identidades que se salen un poco, que tiran para un lado para otro buscando una autonomía, una independencia una manera particular de sentirse bien consigo mismo, son cuerpos que transgreden, son cuerpos que no son bien vistos y por lo tanto se ejerce violencia y un proceso de exclusión y marginación dirigido y focalizado”, lamenta Mc Guire. EL 17 de mayo se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Se escogió esta fecha en conmemoración de la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, en 1990.

En Colombia, los asesinatos a guerrilleros desmovilizados son cada vez más frecuentes. En total, hubo entre 128 y 139 muertos desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. >> Haga clic en la imagen para escuchar el programa completo. En la zona de Tulu, en el departamento colombiano del Valle del Cauca, dos individuos a bordo de una moto asesinaron a Jorge Enrique Corredor, alias Wilson Saavedra, un excomandante de las FARC, cuando salía de un restaurante. “El presidente de la República [Iván Duque] debe salir de su autismo y explicar a los colombianos por qué está ocurriendo todo esto, quién está detrás de todo esto. Nosotros no dudamos en señalar a sectores de ultraderecha y a sectores paramilitares, muy ligados a organismos de seguridad del Estado”, reaccionó Pablo Catatumbo, senador del partido FARC. Escenas como éstas son cada vez más frecuentes en Colombia. En total, hubo entre 128 y 139 muertos desde la firma del Acuerdo de Paz entre gobierno y FARC en 2016. Los asesinatos aumentan contra exrebeldes pero también contra todo tipo de líderes sociales. Una ola de asesinatos descontrolada que denuncia la abogada Verónica López Estrada, de gira por Europa para alertar a las autoridades europeas. “A dos años y medio de la firma del acuerdo de paz con las FARC, ni siquiera el 35% de los acuerdos han sido implementados”, explica López Estrada. “Hasta que no se resuelva el problema de los paramilitares, no va a cesar el homicidio y la persecución en contra de líderes sociales. Además, el gobierno hace oídos sordos. Niegan la sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en Colombia. No hay realmente investigación ni juzgamiento a los responsables”, enfatiza la abogada. 165 líderes sociales, sindicalistas, militantes de comunidades indígenas, fueron asesinados en 2018 en el país cafetero. Y 60 en lo que va de 2019.