NOTICIAS DE AMÉRICA

Las elecciones extraordinarias para una nueva legislatura en el Perú terminaron castigando duramente al partido fujimorista Fuerza Popular y al partido del expresidente Alan García, que ni siquiera logró pasar la valla electoral. Los comicios fueron convocados por el presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre cuando disolvió constitucionalmente el Congreso de mayoría fujimorista. El nuevo Congreso para el periodo 2020-2021 ha quedado formado por 10 grupos políticos de perfiles muy distintos pero inclinados hacia la centroderecha. Acción Popular lidera la votación al nuevo Congreso, con el 10,1% de los votos; seguido del Frepap, que alcanza el 8,9%; Podemos Perú, con 8,2%; Alianza para el Progreso 8%; Partido Morado, 7,5%; Fuerza Popular, 7%; Unión por el Perú, 6,9%; Frente Amplio, 6,1%; Somos Perú, 5,6%; y Juntos por el Perú, 5,1%. Conversamos con Hernán Chaparro, jefe del área de opinión del Instituto de Estudios Peruanos - IEP quien explica esta nueva configuración del Congreso peruano:   Además de la caída estrepitosa del fujimorismo y de la desaparición del APRA, llama la atención el renacimiento del Frepap, el Frente Popular Agrícola, una agrupación cuyo líder religioso Ezequiel Ataucusi fue el creador de la primera iglesia mesiánica de los Andes donde él se presentaba como el Mesías y la encarnación del Espíritu Santo. Llama además la atención que en las encuestas previas a las elecciones, el margen de votos para este partido era mínimo y que el día de las elecciones llegue a ser el segundo partido más votado. Hernán Chaparro nos explica que esta situación pudo ocurrir por dos razones. Primero, porque las encuestas al interior del país no fueron del todo precisas debido a la falta de acceso a ciertas zonas. Segundo y más importante, por una característica del electorado peruano que decide su voto en la semana previa a las elecciones. Otro de los partidos que llama la atención es UPP - Unión por el Perú, de Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala. Este partido tiene una agenda bastante extrema que, entre otras cosas, propone la pena de muerte, políticas preferenciales para los peruanos y no para los extranjeros, en un contexto de migración venezolana. Además de la liberación de su líder Antauro Humala, preso por delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción de armas de fuego y secuestro agravado. Hernán Chaparro describe a esta agrupación como una izquierda radical con un discurso populista, antipartidos y antiinstituciones. Sin embargo, como explica Hernán Chaparro, el tiempo de vida de este Congreso será muy corto, apenas tres legislaturas hasta que en 2021 se convoque a nuevas elecciones para renovar presidente y Congreso. Hasta entonces, estos diez grupo disímiles deberán llegar a acuerdos para poder poner en marcha la reforma política paralizada en setiembre pasado y revisar los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo durante el tiempo que el Congreso estuvo paralizado.  

Miles de personas aún duermen en las calles, temerosas de regresar a sus hogares, después de una serie de terremotos que han sacudido al sur de Puerto Rico desde el 28 de diciembre. Legisladores demócratas reclaman al Gobierno federal la declaración de "desastre" para la reconstrucción en la isla. Una treintena de legisladores exigieron esta semana a la Casa Blanca que declare la situación de desastre en la isla y entregue miles de millones en ayuda destinada a la recuperación de Puerto Rico. "En los últimos días, los sismos han costado millones en daños, destruyeron cientos de casas, causaron amplios apagones y forzaron a los residentes a dormir en refugios sin techo por el miedo a quedar enterrados en sus casas por otro terremoto", escribieron los legisladores en una carta al presidente de Estados unidos, Donald Trump. En la misiva, el senador Bernie Sanders y las representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez piden al presidente "que apruebe inmediatamente la solicitud de declaración de desastre hecha por el gobierno de Puerto Rico" para responder a "la crisis humanitaria" en la isla. La presidenta de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también urgió en un tuit este lunes al gobierno a actuar "rápidamente" para aprobar la solicitud de la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced. Desastre por emergencia En días pasados, el presidente Trump declaró el estado de emergencia en Puerto Rico que permitió el despliegue de trabajadores federales de la agencia de emergencias estadounidense FEMA. Esta declaratoria habilita hasta 5 millones de dólares, aunque la cifra puede aumentar por decisión el Congreso. La declaración de desastre, en cambio, no impone este límite. De ahí, la insistencia de las autoridades locales y los legisladores demócratas porque se recurra a esta figura. Según la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se calculan en 110 millones de dólares los daños de los terremotos, la mayoría imperceptibles, que han arruinado o destruido 539 estructuras. Pero según un conteo del diario local El Nuevo Día con base a cifras de las alcaldías las cifras son aún más dramáticas: en cinco de los seis municipios más afectados, los daños se estiman en 460 millones, Tras un periodo de tres años de huracanes y terremotos, parte de la isla se encuentra devastada, su población reducida a refugios o al pavimento mientras que el gobierno local sigue luchando para adelantar las labores de recuperación. Cerca de 5.000 personas viven ahora en refugios y la electricidad, un servicio del que los puertorriqueños carecieron durante meses luego de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, se ha visto afectada de nuevo por los terremotos. No obstante, la Autoridad de Energía Eléctrica aseguró el lunes que se había recuperado "en un 99%". Los huracanes Irma y María dejaron unos 3.000 muertos, según cifras manejadas por el gobierno local que son cuestionadas por el presidente Trump. Los sismos más fuertes ocurrieron este sábado, cuando un temblor de magnitud 5.9 sacudió el sur de la isla, y otro el martes de la semana pasada, de 6.4. El martes de esta semana, otro sismo de 6,4 golpeó a la isla

Al cumplirse una década del sismo que dejó más de 200.000 muertos y 1,5 millones de personas sin hogar en Haití, el país más pobre de las Américas parece una “zona de guerra”, a juzgar por su deteriorado sistema de Salud. A la falta crónica de estructura y medios, se agrega la instabilidad política y la violencia criminal, alerta Médicos Sin Fronteras. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 arrasó la capital Puerto Príncipe y su región aledaña, dejando más de 200.000 muertos, 300.000 heridos y 1,5 millones de personas sin hogar. Hoy, Haití está lejos de ponerse de pie. Desde el punto de vista político, el país se encuentra paralizado, con protestas desde mediados de 2018 contra el gobierno de Jovenel Moïse, al frente de una frágil economía en recesión. La ayuda internacional prometida cesó, nunca llegó o se la llevó la corrupción. En este contexto, la situación del sistema sanitario está “al borde del abismo”, estima Médicos Sin Fronteras (MSF). La ONG advierte que hoy el país caribeño carece de estructuras médicas y que a duras penas logran lidiar con los servicios básicos. “El problema que vemos es que progresivamente han ido desapareciendo las instalaciones del Ministerio de Salud porque las crisis hacen que no tengan medicamentos, carburante para generadores para mantener la electricidad; no tienen banco de sangre porque no consiguen donantes y hay falta de personal”, explica Javier Fernández, coordinador de proyecto de MSF en Martissant, una barriada de Puerto Príncipe. “Todo lo que no podemos hacer nosotros, tenemos que referir a estructuras del Estado o privadas. Pero prácticamente o no son atendidos o los atienden en condiciones que hacen que la salud o la integridad física del paciente esté en peligro”, subraya. La falta de estructuras y recursos económicos se ve agravada por la violencia. “En el barrio de Martissant, donde nosotros trabajamos, tenemos una media de admisión de unos 80 pacientes diarios, 2.400 al mes, de los cuales la mitad más o menos son traumas o accidentes. Un 10% de los 80 casos diarios son traumas violentos: por heridas de bala, arma blanca, agresiones. Tenemos una media de dos heridos por bala diarios”, señala Fernández. “La semana pasada, los compañeros del otro hospital traumatológico recibieron once heridos por bala por enfrentamientos entre bandas rivales; la semana anterior recibimos durante el día siete heridos de bala por un enfrentamiento entre la Policía y el grupo de Village de Dieu. Durante la nochevieja recibimos otros siete por heridas por bala. Si no es una zona de guerra, es bastante parecido”, describe Javier Fernández.

México le ha puesto una cifra al flagelo de los desaparecidos a través de un informe presentado el lunes por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El reporte retoma informes a partir de los años 60, aunque la mayor cantidad de desapariciones se registran a partir de 2006, con el inicio de la guerra al narcotráfico. La nueva cifra supone un incremento del 54% en relación a los 40.000 casos reportados hasta ahora. “El dato oficial del Estado mexicano de personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61.637 personas”, anunció el lunes Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El documento intenta depurar los registros anteriores y poner en evidencia un subregistro de desaparecidos. Pese a la voluntad de sincerar las cifras, este informe es parcial, no cuenta hasta el momento con los datos de 11 de las 32 fiscalías del país. “Se trata básicamente de estados que no tienen la voluntad de avanzar en ese sentido, que siguen minimizando el fenómeno, que ocultan información, y/o que siguen clasificando la información de forma errada y de manera dolosa”, explica Juan Carlos Gutiérrez, director general de la ONG de Derechos Humanos I(DH)eas. La clasificación indebida o la minimización de las desapariciones son producto de la actitud de las autoridades, según Gutiérrez: “Se habla de la existencia de corrupción en estados como Tamaulipas, Veracruz, Morelos, el estado de México, donde la corrupción policial es brutal y donde ellos hacen parte del ciclo de la impunidad de la desaparición, y en muchos casos participan activamente en las desapariciones”. Entretanto, y para dar una idea del fenómeno de las desapariciones, las autoridades del norteño estado mexicano de Chihuahua anunciaron la semana pasada la construcción de un cementerio en la violenta Ciudad Juárez para albergar los cadáveres que no han sido reclamados ni identificados.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia publicó este lunes el calendario electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 3 de mayo. Un paso fundamental para que el país andino supere la crisis política y social desatada después de los comicios de octubre. RFI les cuenta cuales son los candidatos ya anunciados o presentidos para la carrera presidencial. >> Escuchen el análisis el politólogo boliviano de la Universidad Mayor de San Andrés, Marcelo Silva, haciendo clic en el play. Los partidos bolivianos tendrán hasta el 3 de febrero para presentar sus fórmulas para la presidencia y vicepresidencia y las listas de sus candidatos para el Congreso. Pero las encuestas ya dan algunas pistas de la relación de fuerzas, cerca de tres meses después de la violenta crisis desatada luego de los comicios de octubre. Según un sondeo del diario Página Siete, que data de finales de diciembre, el joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, considerado heredero político del exmandatario Evo Morales, marcha primero con un 23% de intenciones de voto. Lo sigue el expresidente centrista Carlos Mesa, que terminó segundo en la contienda de octubre, ahora con un 21% de intenciones de voto. Sin embargo, la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) aún no ha sido definida. Otro aspirante es el ex canciller David Choquehuanca. Morales anticipó que el domingo 19 de enero anunciará en Buenos Aires a la fórmula presidencial del partido de izquierda que gobernó desde 2006 hasta 2019. "En las encuestas, el MAS sigue siendo el partido político con mayor preferencia, aunque se le vaticina niveles más bajos de lo habitual", dijo a RFI el politólogo Marcelo Silva. "Habrá que ver cómo, desde su auto-exilio en Argentina, el expresidente Evo Morales puede dar ciertas directivas", agrega el profesor de de la Universidad Mayor San Andrés en La Paz. Entre los opositores, los líderes civiles regionales, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, claves en la caída de Morales, van más atrás con el 13% y 10% respectivamente. Pero esta semana cerraron una alianza para juntar fuerzas en las elecciones, lo que podría cambiar su posición en los sondeos. Otros candidatos estarán también en la pelea, como el pastor evangélico coreano nacionalizado boliviano, Chi Hyung Chung, que cuenta con un apoyo del 8%. Más lejos están el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente de derecha Jorge Quiroga. El desafío: organizar elecciones libres y transparentes Estas elecciones constituyen un paso fundamental para instalar un gobierno electo - en noviembre se proclamó como presidenta interina la opositora a Morales, Jeanine Añez, quien dirige el país desde entonces - y para superar la crisis post-electoral que dejo en más de un mes, 35 muertos y numerosas violaciones de los derechos humanos, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El desafío para el nuevo Tribunal Supremo Electoral, cuya composición cambió después de la crisis, es garantizar elecciones libres y transparentes. Para ello, el organismo informó que espera tres misiones internacionales para vigilar los comicios, y que recibe ayuda de la cooperación internacional para dotarse de un sistema informático seguro. El nuevo gobierno tendrá como principal tarea conseguir la gobernabilidad tras una crisis que ha revelado las profundas fracturas políticas, sociales y raciales que siguen existiendo en Bolivia. "Tendrá que buscar un pacto de alianza con la Asamblea plurinacional y también buscar gobernabilidad social acercándose a los movimientos sociales, como los campesinos, mineros, gremialistas, indígenas, así como dar confianza a amplios sectores, desde los más populares hasta los sectores empresariales", opina el politólogo Marcelo Silva desde La Paz.